La ejecutoria en materia penal

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La ejecución comprende el conjunto de actuaciones judiciales encaminadas a dar cumplimiento y hacer efectivos los pronunciamientos de condena dispuestos en el fallo de una sentencia firme. Este requisito de firmeza, necesario para la incoación de la ejecutoria, se produce una vez han transcurrido los plazos para recurrir la sentencia o porque se han resuelto definitivamente los recursos interpuestos.

Declarada la firmeza de la sentencia, el juez ordenará la apertura de la ejecutoria (documento público y solemne en el que se consigna una sentencia firme), en pieza separada y que se encabezará con el testimonio de la mencionada sentencia.

Asimismo, se anotarán las penas o medidas impuestas al condenado en el Registro Central de Penados, y en su caso, en el Registro Central para la Protección de las Víctimas de Violencia Doméstica, anotándose asimismo la nacionalidad de la persona física condenada.

En materia de ejecución penal rigen los principios jurídicos de legalidad (impuesta explícitamente en la sentencia), oficialidad (se impulsa de oficio el procedimiento) y celeridad (impulso e inmediatez en la ejecución de la sentencia), así como los principios de reeducación y resocialización de las penas y el pleno respeto a los derechos fundamentales del penado que no se vean afectados por la pena o medida de seguridad impuestas al mismo.

Si atendemos a la clasificación de las penas, los pronunciamientos judiciales podrán ser:

  • penas privativas de libertad (prisión, localización permanente, responsabilidad subsidiaria por impago de multa)
  • penas privativas de derechos (inhabilitación absoluta, inhabilitación o suspensión especial para cargo o empleo, privación de derecho a conducir o a portar armas, o privación del derecho de residencia y privación de aproximación y comunicación con la víctima, los trabajos en beneficio de la comunidad)
  • la pena de multa

Centrándonos únicamente, por ser la materia principal del tema que nos ocupa, en la ejecución de las penas de prisión hemos de señalar que hay que:

  • atender a la limitación máxima de condena de una persona en el caso de concurrencia de penas, y atendidas sus circunstancias particulares
  • liquidar la condena (descontando el tiempo que hubiera pasado en prisión preventiva y/o provisional, y computando los beneficios penitenciarios a los que tuviere derecho el reo)
  • acordar y comunicar el licenciamiento definitivo, con carácter previo a su liberación del centro penitenciario

Finalmente hacer mención aquí a la posibilidad legal, con el cumplimiento de determinados requisitos (delincuente primerizo, satisfacción de las responsabilidades civiles), de proceder a suspender la ejecución de determinadas penas de prisión (penas inferiores a dos años). Esta suspensión podrá ser revocada ordenándose el cumplimiento de la pena impuesta.

Interesante resulta también conocer la posibilidad de sustituir las penas de prisión en determinados supuestos (por el cumplimiento de un acuerdo en mediación, por el pago de una multa, por la realización de trabajos en beneficio de la comunidad, … o incluso por expulsión de España del condenado).

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