El derecho a guardar silencio de los acusados

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Nuestro ordenamiento jurídico recoge como una manifestación del derecho de defensa el hecho de que todos tienen derecho a no declarar contra sí mismos, a no declararse culpables y a la presunción de inocencia.

Sabemos que entra dentro de lo razonable esperar que un acusado no va a reconocer abiertamente los hechos, si no es tras alcanzar una conformidad con las acusaciones para obtener beneficios en la pena que se le puede imponer. Por ello, no es extraño comprobar cómo el investigado pone en el proceso todo tipo de trabas a la investigación de los hechos y a evitar su conexión con el acusado, llegando incluso a mentir en ocasiones al tribunal.

No debemos de perder de vista que, en nuestro sistema legal, la carga de la prueba corresponde a las acusaciones, siendo estas quienes tienen que demostrar la realidad de los hechos y su autoría.

Y todos estos derechos de los acusados han de regir desde el momento de su detención e interrogatorio policial, pasando por la fase judicial de instrucción hasta la de su enjuiciamiento, incluyendo su derecho a la última palabra.

Siendo que nuestro derecho es muy garantista, y el procedimiento penal (desde su instrucción hasta la firmeza de la sentencia) da diversas ocasiones para la declaración del investigado, resulta tremendamente prudente no prestar declaración en los inicios del proceso, ni en comisaría, ni en ocasiones en la primera comparecencia ante el juez. Básicamente porque apenas se sabrán los hechos y pruebas en los que se basa la acusación, no se habrá podido establecer con el letrado una estrategia de defensa, no va a variar la posición del investigador (continuar la investigación, y poner al detenido a disposición de la autoridad judicial), y porque además, las contradicciones de estas declaraciones con las posteriores manifestaciones y pruebas que se aporten para exculpar al cliente pueden resultar muy perjudiciales para su posición procesal.

Señalado todo lo anterior, nuestra legislación sustantiva y procesal, y también la normativa comunitaria aplicable, reconoce expresamente el derecho de los acusados a guardar silencio y a no declarar contra sí mismos en relación con la infracción penal de la que sean sospechosos o se les acuse.

Ello no será impedimento para que las autoridades competentes recaben las prueban que puedan obtenerse legalmente mediante el ejercicio legítimo de poderes coercitivos independientes a la voluntad de los sospechosos.

No obstante, es necesario recordar que no siempre el silencio del acusado le favorecerá, puesto que puede traerle consecuencias negativas cuando en el juicio se evalúan las pruebas en su contra. Será el Tribunal el que en cada caso concreto valore las consecuencias, sin que pueda dictarse un pronunciamiento de culpabilidad simplemente porque el acusado ha optado por permanecer en silencio.

Todo dependerá de la prueba practicada y acreditada en juicio, pudiéndose dar los siguientes supuestos:

  • si la prueba en contra del acusado es de la suficiente entidad como para enervar la presunción de inocencia, entonces se requerirá una explicación por su parte, y si no la ofrece, tal omisión podrá permitir suponer al Juez que no la ha dado porque es culpable
  • en cambio, si la prueba de la acusación no es concluyente contra el acusado, hasta el nivel de que se le deba exigir una explicación, entonces el silencio del sospechoso no puede ser suficiente para dictar un pronunciamiento de culpabilidad

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